El Consejo de Ministros ha aprobado una medida según la cual, a partir del día de ayer, las penas para quien tenga bajo su servicio a trabajadores sin contrato legal aumentan hasta llegar a los 10.000 euros.
Se trata del decreto de ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido. Las medidas contemplaban un periodo de regularización voluntaria que llegó a su fin el pasado 31 de julio.
A partir del día de ayer, todo particular o empresa que tenga a su servicio a empleados “en negro” (sin contratos formales y cotizanco en la seguridad social) se expone a sanciones cinco veces más altas que las anteriores.
Los empleadores de trabajadores sumergidos serán multados, por incumplir la obligación de alta de un empleado en la Seguridad Social, con una multa mínima de 3.126 euros y máxima de 10.000 euros.
Las medidas contra el empleo sumergido también suponen un aumento de las inspecciones.
Fuente | El Economista
Imagen | RRHH Digital
